Nueva ley para otorgar beneficios por contratación de personas liberadas
El Poder Legislativo aprobó ayer definitivamente un proyecto de ley modificativo de la Ley de Promoción de Empleo N° 19.973, que tiene por objetivo incentivar la contratación de personas liberadas del sistema penitenciario.
Nuestro país tiene actualmente una población carcelaria de 15.000 personas aproximadamente, y una tasa de reincidencia a largo plazo de 66%, asociada a una problemática en la reinserción laboral de las personas privadas de libertad.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo busca mediante este proyecto dar incentivos a las empresas que contraten a personas liberadas, con el fin de promover su entrada al mercado formal de trabajo.
El proyecto consta de dos artículos. El primero, establece el monto del subsidio que percibirá el empleador, equivalente al 80% de la retribución mensual del trabajador contratado que esté gravada por aportes a la seguridad social, con un límite equivalente a 80% de dos salarios mínimos nacionales. Dicho limite se traduce hoy en $ 37.766.
El segundo artículo establece que el plazo de contratación necesariamente deberá ser de entre 6 a 12 meses.
Es importante recordar que son aplicables las restricciones generales que establece la Ley N° 19.973 para acceder a los subsidios establecidos, esto es, (i) estar en situación regular de pagos ante los organismos de recaudación tributaria, (ii) no haber rescindido unilateralmente contratos de trabajo ni haber enviado trabajadores de la misma categoría al seguro de paro en los últimos noventa días y (iii) no estar registrado ante el BPS como “Usuario de Servicios” ni como empresa suministradora de mano de obra.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no aclara durante cuánto tiempo luego de su liberación un trabajador califica como persona liberada a efectos de acceder al subsidio. Se espera que esta y otras disposiciones surjan del decreto reglamentario que dictará eventualmente en Poder Ejecutivo.
Al igual que en los demás casos previstos por la misma ley, los subsidios se harán efectivos a través de un crédito para cancelar obligaciones corrientes de la empresa ante el Banco de Previsión Social.
El proyecto aprobado pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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